Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 diciembre 2024.

El nuevo contrato social reclama trabajo decente

  • Artículo de Juan Carlos Gallart, secretario de Empleo y Política Institucional de CCOO PV

De tanto en tanto una efeméride nos apela a focalizar la atención sobre un asunto que, pese a su trascendencia, queda relegado en el vértigo del día a día. Desde el movimiento sindical ponemos especial empeño en conmemorar el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

08/10/2024.
Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional

Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació i Política Institucional

 Toda una paradoja, que dediquemos tan solo un día para clamar por el cumplimiento efectivo de un derecho inalienable que, por sí solo, sería capaz de cambiar radicalmente todos los días de la existencia de millones de personas en todo el mundo. Difícilmente se le quita a uno la sensación de que hablar de la extensión del trabajo decente como medio de emancipación social es como reclamar la paz mundial en medio de la franja de Gaza. Algo inquietantemente frustrante.

Ya ha pasado una década desde la aprobación de la agenda 2030 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo cierto es que aquel nuevo contrato social que se venía a proponer en una realidad todavía muy lejana. En estos tiempos líquidos, la imposición de la realpolitik acaba por obstaculizar cualquier medida dirigida a avanzar en justicia social. Temo que vislumbrar avances significativos en este sentido requiere altas dosis de paciencia, aunque tarde o temprano acaben por llegar, en ocasiones por pura necesidad del propio sistema.

El desarrollo del estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial o, más recientemente, la aplicación de las políticas de estímulo durante la pandemia son ejemplos de lo que venía a decir. En momentos disruptivos, cuando asoma algún riesgo de colapso del sistema, se abren ventanas de oportunidad para avanzar en derechos laborales.

Así, las élites empresariales y los gobiernos que les sirven acaban por aceptar determinadas concesiones como manera de acallar planteamientos más ambiciosos. Algo así como evitar consecuencias mayores que pudieran avivar la conflictividad en torno al debate sobre la necesidad inaplazable de abordar una nueva ordenación de las relaciones laborales. Un nuevo marco social capaz de imponer una lógica de reequilibrio entre la distribución de las rentas del trabajo, a lo que el movimiento sindical viene refiriéndose como un nuevo contrato social para el siglo XXI.

A veces, sorprendentemente, esa lógica de la pequeña cesión topa con visiones aquejadas de una notable miopía. Las patronales españolas ejemplifican a la perfección ese déficit de la cultura empresarial patria, tan reactiva tantas veces cuando se trata de abordar la corrección de desequilibrios que exceden con creces el abuso. Solo desde la anomalía se puede explicar que la CEOE siga negándose a dar continuidad a los avances laborales articulados sobre la base de las reformas estructurales pos-covid, especialmente tras el aluvión de ayudas públicas recibidas en los malos momentos y pese a la corresponsabilidad, más que acreditada, de las organizaciones sindicales cada vez que asoman dificultades empresariales.

Los datos de creación de empleo avalados por una cifra inédita de personas afiliadas a la seguridad social; los indicadores de horas extra pagadas y no pagadas (sobre las que tenemos el dudoso honor de liderar las estadísticas estatales); o las cifras récord de beneficios empresariales, no parecen ser argumentos de peso para poner en marcha una jornada de 37,5 horas semanales. Máxime cuando ya se apuntaba la jornada como factor nuclear del Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, alcanzado el año pasado, no sin problemas. Con ese panorama, en un contexto de empobrecimiento galopante de buena parte de la clase trabajadora, agravado por los problemas de vivienda que al parecer nadie tiene intención de abordar con decisión, o al menos no a corto plazo, la conflictividad social está garantizada

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