Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 noviembre 2024.

JORNADA

Formación, intercambio y denuncia en la jornada 'Migración & trabajo decente'

    La sede de CCOO l’Alacantí-les Marines ha acogido una jornada informativa sobre migración y trabajo decente. La secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV y secretaria del patronato de Fundación Pau i Solidaritat PV, Isabel Barrajón ha iniciado su contundente intervención afirmando que “el problema es el marco reaccionario, no la migración”.

    10/10/2024.
    Isabel barrajón y Abel rivera

    Isabel barrajón y Abel rivera

    La jornada, organizada por el sindicato y la fundación sindical ha sido posible gracias a la colaboración de las entidades participantes y al apoyo de la Generalitat Valenciana. Las entidades participantes han aportado información sobre trámites necesarios y recursos útiles para que las personas migrantes puedan ejercer sus derechos, y con las intervenciones de diversas organizaciones valencianas de apoyo a las personas migrantes:

    ATLAS / CEPAIM Información jurídica especializada sobre nacionalidad, asilo y extranjería; ASTI Acompañamiento y orientación laboral; CÁRITAS Formación para el empleo; CRUZ ROJA Proyectos de empleo, creando oportunidades; VALÈNCIA ÉS REFUGI Situación Ley de Extranjería. Políticas migratorias y asociacionismo.

    La segunda parte de la jornada ha estado a cargo de la UI CCOO Alacantí-les Marines y el Centro de Información a Trabajadores Migrantes y se ha centrado en los derechos laborales básicos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. También se ha realizado un acercamiento específico al Real Decreto Real Decreto-ley 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

    Durante su intervención, la secretaria Isabel Barrajón ha realizado desmontado con datos oficiales los bulos y prejuicios que abonan el discurso del odio racista.

    Según el último barómetro del CIS, la inmigración ya es percibida por la ciudadanía española como el principal “problema”, por primera vez desde hace 20 años. En tan solo tres meses, escala del noveno al primer puesto en la lista de preocupaciones ciudadanas, superando al desempleo, la economía, la vivienda o cualquier otra.Con independencia de que sea o no una encuesta “precocinada” como se ha dicho, de lo que no hay duda es que las derechas, compitiendo entre ellas por puro y duro electoralismo, han conseguido poner el foco en la inmigración. Un marco discursivo construido a base de ruido e indecencias reaccionarias abiertamente declaradas ya sin ningún pudor.

    Empezó el pulso VOX a cuenta de niñas, niños y adolescentes no acompañados, pisoteando los derechos de la infancia; siguieron hablando de militarización de fronteras y expulsiones masivas, muy lejos del marco de legalidad internacional. Entre muchas otras perlas, cada cual más cruel, la última ocurrencia del líder de la oposición ha sido visualizar su apoyo al plan fascista de Meloni, consistente en bloquear el rescate humanitario, externalizar la acogida a Albania en macrocentros de internamiento, riéndose del derecho de asilo, o los delirantes acuerdos con Libia y Túnez para abandonar en el desierto a cientos de seres humanos. 

    Esta escalada verbal sobre el debate migratorio, intoxicado por la extrema derecha y avivado por los grandes medios de comunicación, ofrece toda una serie de falsas certezas y falacias deshumanizadoras sobre las personas venidas del Sur Global para despertar los instintos más básicos. Sin embargo, la realidad y lo que dicen todos los indicadores desmienten la mayor parte de las creencias que se dan por innegables.

    Cuando se habla de inmigración irregular, se acompañan imágenes de pateras o cayucos repletos de personas africanas llegando a costas canarias, andaluzas o alicantinas. Sin duda es trágico, pero las cifras nos dicen que esta es tan sólo una parte muy pequeña de la realidad y que esta visión parcial es la que contribuye de manera funesta a desarrollar los prejuicios y los estereotipos racistas y xenófobos.

    La inmensa mayoría de personas sin autorización que llegan a territorio español no lo hacen por la costa, sino por el aeropuerto de Barajas. Y el país extracomunitario de donde más personas vienen no es ninguno africano, sino que es Venezuela, después Colombia y Honduras. Aunque sean menos visibles, en España han sido acogidas más personas procedentes de Ucrania que de toda África subsahariana. El País Valenciano también refleja una tendencia parecida. El aumento de población extranjera se ha debido, por un lado, al éxodo provocado por la guerra de Ucrania, tanto de personas ucranianas como rusas. Y por el otro, a la emigración procedente fundamentalmente de Venezuela y Colombia, en su mayoría mujeres.

    Estos marcos del neofascismo hinchan lo llamativo y desprecian la evidencia científica 

    La gran mayoría de personas procedentes de otros países, que forman parte de nuestras comunidades y que resultan esenciales para nuestro desarrollo, nuestra economía y nuestro crecimiento demográfico, ya tienen los papeles en regla. Según algunas aproximaciones, no llegan ni al diez por ciento quienes no han conseguido aún regularizar su situación. 

    Ni colapsan la sanidad pública, pues el porcentaje de población que está en edad de trabajar y cotizar a la seguridad social es mucho mayor en la población migrante que en la española; ni reciben más ayudas por ser personas extranjeras, ni compiten por los trabajos mejor remunerados, sino que injustamente ocupan los peor considerados y más precarizados. En especial en sectores como el agrícola, la hostelería o de cuidados, muchas veces por debajo de su nivel de estudios y capacitación profesional. 

    Los datos muestran cómo la población migrante en situación administrativa irregular, la más demonizada sobre el supuesto abuso de recursos, se ha comprobado que, en condiciones de igualdad de acceso, la utilización de asistencia sanitaria es mucho menor con independencia del país de origen o de la duración de la estancia en el estado español. Lo mismo ocurre con el consumo de medicamentos.

    Igualmente, la situación de irregularidad conlleva, entre otras, la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, a bajas laborales retribuidas, subsidios u otras prestaciones sociales a las que toda persona trabajadora tiene derecho, con ahorros en cotizaciones para el empleador. Curiosamente sobre esto último no hablan los generadores de bulos antiinmigración. 

    No se corresponde tampoco con ningún estudio, ni con los propios datos de Interior el estereotipo falso de los migrantes como potenciales delincuentes. Lo que demuestran los indicadores es que no existe una correlación directa entre el aumento de la inmigración y el aumento de la criminalidad. Este tipo de acusaciones sirven únicamente para deshumanizar a las personas migrantes y alimentar el racismo. Lo que busca la mayoría de nuestras vecinas y vecinos venidos de otros países es mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de sus comunidades. Sin embargo, sigue calando esta creencia y siguen siendo objeto de todo tipo de especulaciones criminalizadoras.

    Cualquiera desde la ecuanimidad puede entender que migrar no es el problema. Conceptualizar como problema la inmigración es un pretexto más para unas derechas que representan los intereses de un capitalismo cada vez más hostil para la vida en nuestro planeta, cuyo foco ayer era la cuestión identitaria o el feminismo y hoy es la invasión extranjera. Excusas para desviar la atención de la raíz del verdadero problema que es el mantenimiento de un sistema injusto y agonizante. No existe el tan recurrente “efecto llamada”. En todo caso, el efecto salida o huida de situaciones adversas originadas por la codicia de estos intereses espurios. Guerras, expolio de recursos naturales… obligan a sus habitantes a buscar una vida digna.

    No es inmigración sí o no. Es migración cómo.

    Hablamos de personas no de inputs económicos, y por tanto hay que abordar el cómo vienen con garantía de derechos, cómo se regulariza sus situaciones, y cómo se proveen de las necesidades humanas ligadas al empleo, la vivienda, o los derechos sociales, que no dejan de ser los retos del conjunto de la población.

    Los verdaderos problemas los sufren las personas migrantes en carne propia. El problema del racismo, el clasismo y el odio que sufren las personas extranjeras, en especial las de origen africano y afrodescendientes, tiene raíces históricas profundas, es estructural y posee dimensiones culturales, económicas y sociales.

    El drama de los cientos de seres humanos muriendo por llegar a nuestras costas. Cuatro personas por día murieron el año pasado camino de nuestro país. Once personas al día intentando llegar a Europa. Tragedias inasumibles para cualquier demócrata íntegro porque suponen la negación misma del derecho humano a la vida. La dejación de responsabilidad de gran parte de los gobiernos europeos cada vez más escorados hacia la extrema derecha que han asumido el marco antiinmigración. Que en lugar de articular canales seguros para una inmigración tan positiva como necesaria, ejecutan políticas mortíferas de militarización y externalización de fronteras a países poco o nada respetuosos con los derechos humanos y criminalizan a las únicas organizaciones humanitarias dispuestas a rescatar vidas en el mar.

    El problema en nuestro país es también la falta de mecanismos suficientemente ágiles y efectivos para evitar la irregularidad administrativa de personas a las que se les ven negados sus derechos. La irregularidad equivale a exclusión, explotación, invisibilidad y vulnerabilidad.

    La llamada “ley de Extranjería”, cuyo reglamento está a punto de modificarse de nuevo, y a pesar de las mejoras que se han logrado incorporar a través del diálogo social, sigue atesorando más defectos que virtudes. Una legislación sometida a las necesidades del mercado, que dificulta la regularización de quienes se encuentran en territorio español sin autorización, nada flexible con quienes ya disponen de autorización para trabajar y para quienes en periodos de crisis no prevé evitar su irregularidad sobrevenida. Una legislación que establece sanciones extremadamente desproporcionadas por no disponer de una simple autorización administrativa, como la expulsión o la privación de libertad de hasta 60 días en un CIE, espacio de no-derechos y cárcel racista.

    El problema es la persistencia de un modelo clasista neoliberal de precariedad laboral a expensas de esta población migrante que es utilizada como mano de obra barata. Desgraciadamente en estos momentos, el debate de cómo gestionar la complejidad de las migraciones está tan intoxicado que se hace casi misión imposible abordarlo desde la serenidad.

    "Las cifras no importan frente a los imaginarios sociales excluyentes de amenaza e invasión por muy surrealistas que nos parezcan a quienes todavía no hemos perdido la empatía por la humanidad" ha concluido.