Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 diciembre 2024.

El Consell entrega los servicios sociales públicos al ámbito privado

    Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social CCOO PV, denuncia que “el gobierno valenciano modifica por ley lo que se pierde en los tribunales”, en referencia a la sentencia favorable del TSJ contra un recurso que atacaba el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

    13/12/2024.
    Los servicios sociales, uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

    Los servicios sociales, uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

    Comisiones Obreras es parte personada ante diversos recursos presentados ante el contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia por la aplicación del Decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, con el objetivo de defender la legalidad de una norma que mejoraba la prestación de servicios al pueblo valenciano.

    Recibida la primera sentencia en la que se falla en contra de una asociación patronal que pedía la inaplicación de cuestiones sustanciales de esta norma, el Consell modifica “a golpe de DOGV” ésta y otras normas esenciales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, a través de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre de la Generalitat de Simplificación Administrativa.

    Por este hecho, CCOO PV muestra su total desaprobación a las modificaciones normativas incorporadas por la puerta de atrás. Entre ellas se establecen cuestiones que nada tienen que ver con el objetivo de la norma anunciada, que era simplificar los procedimientos de la Generalitat y reducir los tiempos de tramitación para un mejor ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

    A juicio de Montero, los cambios en la Ley suponen “un desfalco a la sociedad valenciana, al convertir servicios públicos en moneda de cambio para contentar los intereses de las entidades privadas”. Entre otras cuestiones, se elimina la obligación de la prestación de servicios básicos (servicios de infancia, de violencia de género, de acogida y atención ante situaciones de necesidad social…) por parte de la Administración Pública.

    También se amplían hasta 150 las plazas máximas permitidas en las residencias de personas mayores dependientes, duplicando el número de personas permitidas en este tipo de centros. Estas modificaciones derivan en una atención menos personalizada, alejada de la idea de un hogar y que anteponen los intereses empresariales retrocediendo a un modelo ya caduco de gran residencia.

    Además, se desatiende la fuerte presión asistencial que soportan las personas trabajadoras del sector de los servicios sociales que, en muchas ocasiones, no pueden disfrutar de los descansos, teniendo que doblar turnos y realizar funciones que no les corresponden, debido a una más que evidente falta de personal.

    En este sentido, el gobierno valenciano ha decidido empeorar la calidad de los centros, reduciendo de forma importante las ratios establecidas actualmente y eliminando toda obligación en los próximos años, tanto del sistema público como del privado, a adaptarse a unos requisitos de mejora de su calidad y a resolver los problemas y carencias existentes en los mismos.

    Por último, desde CCOO PV no puede más que rechazar que se siga debilitando uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, como es el de los Servicios Sociales, en lugar de reforzar y atender las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad valenciana.

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