Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 febrero 2025.

La mala política va contra las personas

  • Artículo de Martín Carpena Palao, UI CCOO Vinalopó-Vega

En este artículo quiero transmitir mi opinión con lo sucedido en la votación del Congreso el pasado día 23 de este mes. Porque entiendo que se ha votado, sí, pero para dañar la imagen del Gobierno y sin valorar contenido e importancia del RD que ahora comentaré.

28/01/2025.
Martín carpena Palao

Martín carpena Palao

Esta semana las derechas patrias -cada uno la suya- han cruzado una frontera muy peligrosa. El Partido Popular, Vox y Junts le han hecho la pinza al gobierno de coalición con el objetivo de erosionarlo, en el caso del PP y Vox, y para chantajearlo en el caso de Junts. Como se suele decir, una patada al Gobierno en el trasero de la ciudadanía

La gravedad de su actuación es, como digo, que el zarandeo al gobierno lo han ejecutado castigando no solo a los pensionistas, sino también a las personas más vulnerables, que eran las principales beneficiarias del Real Decreto Ley 9/2024.　

Tras la votación en contra han comenzado la batalla por el relato para eludir sus responsabilidades, derivarlas hacia el gobierno de coalición o para diluirlas en la tramposa equidistancia del "todos son responsables".　PP y Junts justifican su voto en contra por la naturaleza del denominado Real Decreto Ley "ómnibus". Argumentan que contenía normas muy diversas que no podían votarse al mismo tiempo. Aunque en las intervenciones del debate no concretaron los contenidos con los que discrepan.

Todos conocemos que en el marco de la elaboración de los presupuestos siempre ha habido lo que ahora se llama "leyes ómnibus"; no otra cosa han sido las "leyes de acompañamiento de presupuestos", que todos los gobiernos han aprovechado para incorporar temas muy diversos con la clara intención de sacar adelante sus políticas. En no pocos casos para escamotearlas del debate público. 　

No comparto la descalificación del Decreto Ley 9/2024 por su supuesta condición de ómnibus, dejando claro que también puedo ser crítico con el uso de esta técnica legislativa. En este caso pienso que hay circunstancias que hacen necesario recurrir a ella. No podemos quedarnos en la superficialidad del concepto ómnibus, muy manoseado en la crónica política estos días. Hay que entrar a analizar en detalle su contenido y las circunstancias.

La inmensa mayoría de las normas contenidas en el Decreto Ley que se sometía a su aprobación contienen prórrogas de medidas sociales, económicas, tributarias o ambientales aprobadas en leyes anteriores para hacer frente a las sucesivas crisis de la Covid, el volcán de la Palma, Ucrania, Gaza, o la DANA en Valencia, y cuya vigencia vencía a finales de año.　　

En condiciones normales, la prórroga de estas medidas suele incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero cuando estos no se aprueban y se prorrogan los anteriores, el gobierno de turno se ve en la obligación de recoger en un solo Decreto Ley estas normas para evitar que decaigan las medidas que se quiere prorrogar.　

Analizando en detalle el contenido de los cinco títulos que contiene el Decreto Ley podemos comprobar que siguen esa lógica, la de la prórroga de medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales, aprobadas en los últimos años.

La mejor prueba de que el PP y Junts no están muy seguros de su coartada "ómnibus" es que en pocas horas han pasado de no concretar los contenidos del Decreto Ley de los que discrepan a inventar razones, a cuál más falsa y esperpéntica. Pretenden tapar su irresponsabilidad intoxicando con mentiras a la ciudadanía.

Alguien podía pensar que no se iba a generar un clamor social para que se resuelva pronto el desaguisado provocado por la no aprobación del Decreto Ley. Este podría ser un efecto colateral positivo de este entuerto, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de las políticas sociales aprobadas por el gobierno de coalición, que no han caído del cielo, de la misma manera que su no prórroga no es fruto de una maldición bíblica.　De hecho CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el día 2 de febrero.

Para encontrar una solución, que no termine en un nuevo fiasco, resulta imprescindible que los que votaron en contra concreten los motivos de fondo sin justificarse en cuestiones formales. Me refiero a PP y Junts, porque los otros -VOX- ni están ni se les espera, salvo para el negacionismo y la obstrucción. No están para la atención a las personas.

El Gobierno, al que se le reclama que tome iniciativas, y sobre todo la ciudadanía, tienen derecho a saber si el PP y Junts aceptan o rechazan la prórroga de la suspensión de la liberalización de las inversiones extranjeras directas, acordada para evitar que fondos de inversión extranjeros puedan comprar a precio de saldo empresas estratégicas españolas.　

También sería saludable que el PP explicara a la ciudadanía si están a favor o no de la actualización y aumento para el 2025 de las entregas a cuenta de la liquidación definitiva de recursos a las CCAA y administraciones locales. Y por supuesto, tenemos derecho a saber si están a favor o en contra de la prórroga del impuesto extraordinario a entidades financieras y otras empresas con grandes beneficios.

Seguro de que a los habitantes de la Palma les gustaría saber por qué el PP que gobierna con Coalición Canaria ha considerado oportuno sacrificar las ayudas extraordinarias para así dar un "platanazo" al Gobierno de España. Y lo mismo podemos decir de las personas afectadas por la DANA en el País Valencià.　

Podríamos continuar desgranando el contenido del Decreto Ley para explicar las razones que me llevan a justificar que, en este caso, como en el resto de los supuestos parecidos este tipo de decretos leyes de final de año, en los casos de prórroga presupuestaria, están justificados. Lo que no impide que el propio Gobierno presente otro RDL en el Congreso o acuerde -así está previsto legalmente- su tramitación posterior como proyecto de ley, para que cada grupo parlamentario pueda proponer cambios y si no se alcanzan acuerdos votar en contra de aspectos concretos.

Se está explicando poco que un Decreto Ley con la misma lógica y contenidos en buena parte idénticos fue aprobado hace un año. El Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre fue convalidado con un solo voto en contra y ocho parlamentarios que no votaron. En aquel caso el PP se abstuvo, un año después han querido aprovechar la oportunidad de una pinza con Junts y, en un juego de trileros, han votado.

El gobierno de coalición hará bien en meditar mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el riesgo de aumentar el malestar social. Ya que fundamentalmente al PP les responsabilicen de la bajada de la pensión en la nómina de febrero o de la desaparición de las tarifas bonificadas en el transporte.

Quizá el siguiente movimiento del gobierno de coalición deba ser exigir a la oposición de la crispación que concrete cuáles son los contenidos con los que están de acuerdo y de cuáles discrepan. Que lo hagan teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos, más allá de los políticos, que sus posiciones políticas provocan.

Comentaré un dato: de acuerdo con los últimos publicados, hay diez millones de personas pensionistas directamente afectadas incluyendo las de "clases pasivas", además de las perceptoras de pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital –IMV-. Estas transferencias del Estado tienen mucha importancia social y económica, no sólo para estas personas, también para la recuperación. El menor poder adquisitivo puede tener efectos negativos para muchos negocios, además de afectar al significado y contenido material de la democracia.

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